En Texcoco: ¿Medidas de seguridad o estrategia recaudatoria?

A partir del 11 de agosto, el gobierno municipal de Texcoco reactivará la aplicación de multas de tránsito, en nombre del orden vial y la seguridad. Sin embargo, la decisión abre interrogantes sobre su eficacia real para reducir accidentes y la falta de claridad respecto al uso de los recursos generados.

En conferencia de prensa, el Ayuntamiento de Texcoco anunció que volverá a aplicar sanciones por infracciones al Reglamento de Tránsito del Estado de México, suspendidas desde la pandemia. Aunque la medida se presenta como parte de una estrategia para ordenar la movilidad y garantizar la seguridad de los ciudadanos, el comunicado oficial omite datos clave que permitan evaluar su impacto y transparencia.

¿En realidad reducirán los accidentes?
Pese al argumento de que esta iniciativa busca recuperar la cultura del respeto vial, no se ofrece evidencia concreta que relacione la aplicación de multas con una disminución efectiva de incidentes. Si bien se citan cifras del INEGI sobre el aumento del parque vehicular —400% en las últimas décadas— el comunicado no presenta diagnósticos locales sobre el tipo de accidentes, las zonas de mayor riesgo ni indicadores que demuestren que la sanción económica modifica conductas de riesgo.

¿A dónde irá el dinero?
Otro punto crítico es la ausencia total de información sobre el destino de los recursos obtenidos por las infracciones. ¿Se invertirán en mejoras de infraestructura vial, educación cívica o atención a víctimas de siniestros? ¿Se rendirá cuentas sobre su manejo? En un contexto donde la recaudación suele superar a la prevención, la falta de mecanismos resulta preocupante.

Aplicación con enfoque de género... pero sin evaluación técnica. El gobierno destaca que 20 oficiales femeninas han sido capacitadas para aplicar la norma. Aunque esto podría representar un avance en inclusión laboral, no se ha especificado si el proceso formativo incluyó criterios técnicos, protocolos para evitar abusos o estándares de evaluación ciudadana como lis abusos de las oficiales de tránsitoen otrosmunicipiosdonde lo unico que buscan es extorcionar a los posibles infractores.

La medida podría derivar en una política punitiva que, lejos de resolver problemas estructurales de movilidad, los profundice si no está acompañada de acciones como ordenamiento vial, señalética adecuada, habilitaxion de semaforos, campañas permanentes de concientización principalmente a los transportistas que hacen base en las calles centricas de la ciudad, fiscalización independiente y participación ciudadana en la supervisión del programa.

Texcoco está a punto de reactivar un mecanismo que podría ser útil, pero también puede reforzar prácticas opacas si no se aclaran sus fundamentos técnicos, su impacto medible y el destino público de los recursos recaudados. La ciudadanía merece respuestas antes que sanciones.